Por: Juan Daniel Giraldo Parra, estudiante Ciencias Políticas.

En primer lugar, la veracidad. La veracidad debe ser el punto de partida de todo discurso, en donde lo que se piense esté conforme con la realidad. En el argot popular, es no quedarse en la espuma ni recurrir a las falacias para captar públicos; no es vender humo, de ninguna manera. En la política, la verdad es una aspiración buena, vista desde el pensamiento práctico aristotélico e, incluso, desde ideas modernas como las del cristianismo, cuyo texto sagrado, en el evangelio de Juan, dice: “la verdad os hará libres”. En esa medida, la verdad es una virtud ética, tanto en la vida personal y social, como en la vida política. Pero nadie nace siendo ético, pues la ética se adquiere y es un fin de la persona conseguirla, como es un fin también, buscar la verdad. Si los humanos fueran moralmente buenos, no se necesitaría ni del Estado ni del derecho (aunque la idea pueda ser rebatible). 

Recordemos que la ética es el estudio de la moral. La moral, entendida como el conjunto de normas y principios humanos que se deben seguir. La verdad es un principio moral y, como vimos, la verdad es libertad. En otras palabras, el objeto de la ética son los comportamientos libres y voluntarios. La ética es un criterio de legitimación. Eh ahí desde donde debemos ser críticos de la verdad a la hora de escuchar propuestas de gobierno, puesto que no solo son eslóganes llamativos o jingles pegadizos, sino, qué tan veraces y plausibles son los ideales. A uno le daría por pensar que cualquier propuesta maliciosa que falte a la verdad para conseguir votos, es una propuesta antiética y debe ser sancionada por la comunidad, aun cuando muchos piensen que la política es a-moral, o dicho de otra manera, que en la política no caben los valores y las buenas prácticas.   

En consecuencia, las soluciones también tienen que ser veraces, y en la política, las soluciones se deben traducir en políticas públicas. Los políticos no deben seguir dando soluciones a los problemas desde programas amañados y proyectos personales para seguir en el poder; por el contrario, debe existir una política pública pertinente, eficiente y económicamente sostenible que persista a cualquier administración y que dé fin a determinado problema social. Las soluciones deben ser un acuerdo sobre lo fundamental, máxime, en los lugares donde abundan los vicios políticos y donde los recursos son limitados, donde se administra pobreza -como dicen algunos-..

No se debe creer en las falsas promesas y las ideas utópicas, mucho menos, ser cómplices de ellas mediante el voto y la aprobación. Quien despierte, no volverá a dormirse jamás, y éste debe ser el despertar de Colombia, el despertar de Granada. Se deben apoyar los planes que fomenten la realización personal, el crecimiento económico y el desarrollo, pues, un hombre autónomo es capaz de ser libre, distinto a un utilitarismo práctico común en muchos políticos de hoy que van a veredas, a espacios donde hay personas reunidas, a Juntas de acción Comunal, a lugares de culto solo a utilizar las personas -pero vaya a ver si se vuelven a ver-. Tampoco se debe pensar, en términos de política, en un amigo-enemigo, sino que defensores y detractores deben buscar el fortalecimiento de las instituciones para que las instituciones hagan justicia, a sabiendas que, un buen ejercicio de oposición, es un buen control político, porque ya nos tienen cansadas las peleas, las sátiras, los comentarios a espalda y la política sucia que se ha utilizado hasta hoy día.

Se debe entender que en la democracia hay intereses contrapuestos que generan conflictos, eso es una realidad antropológica: el ejercicio del poder supone una existencia del conflicto; pero el fin de la democracia también es la articulación de las diferencias ciudadanas. No en vano se convocan a elecciones periódicas y se tienen otros mecanismos de participación ciudadana en los que, los pactantes, manifiestan sus voluntades políticas. En Colombia tenemos una democracia participativa donde es posible otorgar mandatos y manifestaciones sin necesidad de intermediarios. Pero, como en la antigua Grecia, las necesidades naturales de la polis son superiores a las del individuo, por lo que siempre el colectivo es lo más importante; para que ello sea posible se suscribe un pacto donde un soberano actúa como delegación del pueblo y se convierte en servidor público. Aquí vienen a mi mente las palabras de Jaime Garzón, que dice que, los “funcionarios públicos, son para que le funcionen al público”. Santo Tomás diría que, los dos fines que tiene el Estado son: el bien común y la suprema felicidad. Eso se traduce en servicio. Política es sinónimo de servicio. 

En todo caso, se debe buscar un ágora para llegar a esos acuerdos veraces sobre lo fundamental para que cada ciudadano encuentre el lugar que le corresponde. Por ende, los gobiernos deben buscar que los principios constitucionales, es decir, los de la norma de normas, hagan honor a la parte que reza que Colombia es un Estado social y de derecho. Social, porque prima el principio de la dignidad humana, del vivir bien, como se quiere y sin humillaciones; y de derecho, porque prima la ley y la legalidad. 

No debemos hablar de democracias con hambre. Los gobiernos deben tener la capacidad de mirar más allá de tal o cual ideología, de uno u otro partido. Recordemos que un partido político es la representación de las voluntades de un grupo de ciudadanos que, entre otras cosas, debe contar con una organización formal y estable, con una organización interna para la toma de decisiones, con un proyecto político definido y con ideales de alcanzar el poder y ejercerlo. Enhorabuena, el hambre, las faltas de oportunidad, la pobreza y la desigualdad no son de un solo partido ni mucho menos para solo un grupo de personas. Hay que enfatizar que los gobernantes gobiernan, valga la redundancia, para todo el pueblo no solo para sus electores. Por lo anterior, los partidos deben incluir a esos que no son simpatizantes y darles cabida en sus planes. 

Fijémonos que, en buena medida, los partidos políticos cumplen la función de ser intermediarios entre la sociedad y el sistema político y están llamados a ejercer el poder cuando son electos o a hacer una buena oposición cuando ‘pierden’, entre comillas, porque si el trabajo se hizo bien, no se perdió. Por si fuera poco, deben formar institucionalidad y fortalecer las existentes. En síntesis, imaginemos una pirámide cuya base sea la ideología, entendida como ese conjunto de creencias; seguida por unos lineamientos ideológicos y un programa que es innegociable; y en la cúspide, tenemos el discurso, que es la cara visible del partido. A lo mejor el discurso puede cambiar, bien sea por el contexto y demás, pero las bases no. Ahí es extraño los políticos que cambian de partidos para cada elección o no tienen lineamientos ideológicos claros. Eso confunde y dispersa a los votantes, eso hace que no exista seriedad.

Volvamos al tema de los conflictos. Como decíamos, los conflictos hacen parte de la naturaleza del hombre, pues es un choque de intereses entre 2 o más partes. En párrafos anteriores, dejábamos en clave de la ética una idea referente a que, si los humanos fueran personas moralmente buenas, no se necesitaría del Estado. Pero es descartada la idea de que el hombre sea bueno por naturaleza y de que siempre quiera aspirar a los bienes mejores. ¡Para eso nace el Estado! Hobbes lo nombraba como ese Leviatán, que estaba por encima de todos y que todos nos suscribimos a ese pacto desde que nacemos. En palabras más castizas, el Estado nace para que no nos matemos -otra idea refutable, a lo mejor-. En buena medida es trabajo de los gobernantes sentar las partes, ser incluyentes y minimizar cualquier acción violenta. Para la muestra, la idea de las guerrillas, nace de alguna manera, por incumplimiento de ese pacto, como sublevación hacia ese Leviatán. 

Suena escandaloso, pero los conflictos y las guerras también son un derecho regulado por las Naciones Unidas, los convenios de Ginebra y los estatutos de Roma de donde surge el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los Estados deben prepararse para las guerras, para defender la soberanía, para defender a su población. En el ámbito local, aunque sea a menor escala, los gobiernos deben defender a la ciudadanía de cualquier amenaza a la seguridad integral: amenazas a la seguridad alimentaria, a la seguridad física, a la salud, a la pobreza, a las amenazas económicas y demás.

En términos económicos decimos que vivimos en desequilibrios, en una economía cíclica: de recuperación, auge, depresión, crisis y recesión. En ese sentido, los gobernantes deben ser buenos administradores. Como lo hablábamos antes, la verdad es un principio ético. A sabiendas del mal que azota la política, que es la corrupción, ser corruptos es faltar a la verdad. Esto suena como a una cátedra de catecismo del Padre Astete, pero es vital hacer un llamado a que la política y la ética no se desliguen. Hoy por hoy se critica mucho a las personas que hablan de cuestiones éticas y morales en la política, lo importante es que sean coherentes y afines a sus ideologías; de nuevo, el discurso se puede adaptar, pero las bases ideológicas no se negocian. 

Para finalizar, es importante recordar que el código penal colombiano tiene tipificados de 11 a 16 delitos electorales, los cuales se deben tener en cuenta por estos tiempos: 

1. Perturbación del certamen democrático: el ciudadano que por medio de maniobra engañosa perturbe o impida votación pública o el escrutinio, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de cincuenta a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.  La pena será de prisión de 6 a 12 años cuando la conducta se realice por medio de violencia.
2. Constreñimiento al sufragante: El que amenace o presione por cualquier medio a un sufragante con el n de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de la mitad al doble cuando la conducta sea realizada por un servidor público. 
3. Fraude al sufragante: el que mediante maniobra engañosa obtenga que un sufragante vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. La pena aumentará de la mitad al doble cuando la conducta esté mediada por amenazas de pérdidas de servidor público, estatales o beneficios otorgados con ocasión de la ejecución de programas sociales o culturales o cualquier otro orden, de naturaleza estatal o gubernamental.
4. Corrupción al sufragante: El que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un votante con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
5. Voto fraudulento: el que suplante a un sufragante, o vote más de una vez, o sin derecho consigne voto en una elección, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
6. Favorecimiento al voto fraudulento: el servidor público que permita suplantar a un sufragante, o votare más de una vez o hacerlo sin derecho, incurrirá en prisión de cuatro a 9 años, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de prisión impuesta.
7. Mora en la entrega de documentos relacionados con una elección: el servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente de documentos electorales, sellos de urna o de arca triclave, incurrirá en prisión de cuatro 4 a 9 años, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta.
8. Alteración de resultados electorales: el que altere por medio distinto de los señalados en los artículos anteriores, el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor, y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
9. Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula: el que haga desaparecer, posea o retenga cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro documento necesario para el ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor, y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
10. Denegación de inscripción: el servidor público a quien legalmente corresponda la inscripción de candidato o lista de candidatos para elecciones populares que no cumpla con esta función o la dilate o entorpezca, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de prisión impuesta.
11. Fraude a inscripción de cédulas: se da cuando una persona por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros.
12. Tráfico de votos: el que ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva con la nalidad de que dichos ciudadanos consignen su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, se abstengan de hacerlo o lo hagan en determinado sentido, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
13. Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas: El gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. En la misma pena incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente.
14. Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales: el que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.
15. Omisión de información del aportante: quien no informe de sus aportes realizados a las campañas electorales conforme a los términos establecidos en la Ley, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
16. Elección ilícita de candidatos: quien sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 200 a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes.